La violencia de género digital adopta múltiples formas, desde el ciberacoso, la sextorsión y la difusión de imágenes sin consentimiento, hasta los ‘deepfakes’ sexuales o el uso abusivo de herramientas de geolocalización en aplicaciones cotidianas que se convierten en instrumentos de control silencioso.
La violencia de género digital impacta con más fuerza a mujeres y niñas con discapacidad y lo avalan algunos datos como estos:
El 55% de las mujeres con discapacidad usan internet de forma habitual, frente al 91% de las mujeres sin discapacidad.
En el ámbito digital, las mujeres con discapacidad enfrentan mayor exposición:
44% recibió comentarios ofensivos sobre su cuerpo o vida íntima.
37% recibió mensajes no deseados.
35% recibió imágenes sexuales sin consentimiento.
41% fue víctima de propuestas sexuales no deseadas.
La violencia digital no es virtual, sino que es “real”, y tiene consecuencias “devastadoras” en la salud mental, la seguridad y la participación social de las mujeres con discapacidad. El impacto de esta forma de violencia digital no se limita a la inmediatez de la agresión, sino que su “difusión, permanencia y alcance” multiplican sus consecuencias, generando un “mayor daño, aislamiento y exposición” para las mujeres y niñas con discapacidad
Las mujeres con discapacidad viven acoso sexual digital, amenazas y control en proporciones mayores a la media, afectando directamente a nuestra autoestima y a nuestra libertad de expresión. La violencia de género digital no es una experiencia aislada, tiene consecuencias devastadoras en la salud mental, la seguridad y la participación pública. Por ello, la protección efectiva frente a la violencia digital o física debe ser una prioridad real. Los errores en la geolocalización, pérdida de datos o alarmas defectuosas, ponen en evidencia la fragilidad de los mecanismos actuales y la desprotección en la que quedan muchas mujeres, especialmente aquellas con discapacidad. Esta realidad demuestra que no basta con legislar o crear herramientas: es imprescindible que los poderes públicos asuman su responsabilidad, asegurando que los sistemas de protección sean accesibles, fiables y estén correctamente implementados
Para las mujeres y niñas con discapacidad, sumar esta violencia digital a la discriminación interseccional y al sesgo tecnológico aumenta la situación de vulnerabilidad. El diseño de tecnologías con sesgos machistas y capacitistas intensifica nuestra exclusión, y que la presencia de un solo 12% de mujeres en el desarrollo de IA agrava esta realidad. La IA (Inteligencia Artificial), pese a ofrecer oportunidades para la inclusión, bajo un diseño sin regulación firme, sigue representando y reproduciendo prejuicios del mundo patriarcal y capacitista, fortaleciendo así la exclusión y la discriminación hacía las mujeres y niñas con discapacidad. Por ello es urgente que las políticas públicas vigilen el desarrollo tecnológico para garantizar que se atiendan las diversidades de todos los grupos poblacionales.
LO VIRTUAL TAMBIÉN DEJA HUELLA
La violencia digital está también vinculada a la circulación de material audiovisual y contenido sexual falso que busca difamar, desacreditar y silenciar a mujeres activistas, profesionales y líderes. Estas prácticas no solo multiplican la vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad en los espacios públicos, sino que constituyen un mecanismo de control y exclusión. Su impacto es demoledor: destruye la reputación, erosiona la credibilidad, empuja al aislamiento social y deja graves secuelas psicológicas, perpetuando así un entorno hostil que nos niega el derecho a participar en igualdad en la vida pública y digital.
Exigimos entornos digitales seguros, accesibles e inclusivos para todas las mujeres y niñas con discapacidad. Por todo ello, CEMUDIS y sus entidades confederadas, reivindicamos:
- Promover el reconocimiento jurídico integral de la violencia de género digital, desde una perspectiva interseccional, y dotarlo de suficientes recursos para su prevención atención y justa sanción.
- Incorporar de manera transversal la discapacidad en las políticas públicas de igualdad y en el desarrollo tecnológico, para garantizar que no se nos siga dejando al margen en la transformación digital.
- Garantizar el acceso universal a una educación digital feminista e inclusiva, concebida como un instrumento fundamental para la prevención de violencias, el empoderamiento personal y colectivo, y el ejercicio de una ciudadanía plena.
- Crear mecanismo rápidos, eficaces y accesibles para denunciar y eliminar contenidos sexuales y/o violentos difundidos sin consentimiento, que hoy en día siguen dañando abusivamente a miles de mujeres.
- Certificar y garantizar espacios digitales seguros, donde mujeres y niñas con discapacidad podamos participar, expresarnos y construir comunidad sin miedo a la violencia ni a la exclusión social.
- Garantizar la eliminación de contenido digital accesible en internet que haya sido utilizado como medio para ejercer violencia digital mediante herramientas y canales de denuncia accesibles, permitiendo la reconstrucción de la identidad digital.
- Incluir formación sobre conductas adictivas asociadas al desarrollo de nuevas tecnología y violencia de género digital en los programas educativos formales y no formales dirigidos al profesorado, alumnado y familias.
- Asegurar la conexión y el acceso tecnológico en condiciones de igualdad, con especial atención a las mujeres y niñas con discapacidad que viven en zonas rurales, quienes enfrentan una doble brecha: la territorial y la digital.
- Revisar y mejorar los sistemas de protección frente a la violencia de género para garantizar que sean accesibles, funcionales y adaptados a las necesidades de todas las mujeres, con especial foco en las mujeres con discapacidad. Nuestra seguridad no puede depender de fallos o incidencias. La protección es un derecho, no una opción.
- Reforzar el papel de las entidades sociales en materia de sensibilización, prevención y apoyo directo a mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia digital, así como su entorno y a los agentes sociales, dotándolas de recursos suficientes y estables para esta labor social.
La violencia digital es violencia de género y supone una amenaza directa para el ejercicio de nuestros Derechos Humanos. Por ello, desde CEMUDIS exigimos compromiso, políticas firmes, controles tecnológicos y un pacto social que defienda a todas las mujeres y niñas con discapacidad, para construir una sociedad digital segura, accesible y libre de sesgos patriarcales. Porque lo virtual también es real. Y prevenir la violencia digital es responsabilidad de toda la sociedad
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